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Las sanciones de seguro y su incidencia en los vehículos de renting

Las multas puede oscilan entre 601 y 3.005 euros

Es habitual escuchar como uno de los argumentos de peso en la utilización de vehículos de alquiler es despreocuparse de determinadas obligaciones y formalidades burocráticas que deben completarse cuando se tiene un vehículo en propiedad. Una de dichas obligaciones, quizá de las más importantes, es la de concertar la póliza de seguro obligatorio.


Ya se ha abordado en otras ocasiones en esta sección la trascendencia de la obligación de asegurar un vehículo a motor. En esta ocasión, vamos a abordar las particularidades cuando dicho vehículo se halla en régimen de alquiler.

La Ley reguladora (RD Legislativo 8/2004) es clara, en su art. 2. 1 indica que «todo propietario de vehículos a motor que tenga su estacionamiento habitual en España estará obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular, que cubra hasta la cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio», a dichos efectos, son los titulares de vehículos de renting los que asumen, generalmente, dicha obligación, concertando con las entidades de seguros el aseguramiento de su flota.

A pesar de que las compañías de renting, conscientes de la trascendencia de dicha obligación, suscriben las pólizas de modo riguroso, es habitual que, en la práctica, se vean sorprendidas por elevadas sanciones, que suelen oscilar entre 601 y 3.005 euros (graduada en función de si el vehículo circula o no, perjuicio, reiteración, etc). ¿Qué ocurre en la práctica para que, habiendo completado dicha obligación, la DGT incoe expedientes de tan elevada cuantía, que en muchas ocasiones se confirman en vía administrativa y deben ser objeto de impugnación judicial?


FIVA y prueba en contrario

El problema suele plantearse y motivar el inicio del expediente sancionador cuando en las comprobaciones que efectúa la DGT, normalmente derivados de los controles efectuados por los agentes, éstos han consultado el FIVA (Fichero Informativo de Vehículos Asegurados) y el resultado es negativo, en el sentido de que, por algún tipo de demora o error burocrático, en la fecha y hora de la comprobación por el agente, no aparece formalmente cobertura del seguro. Se inicia en estos casos un largo procedimiento que puede durar meses y que se centra en demostrar que, con independencia de lo que pueda figurar en el Fichero, el contrato de seguro existe y está al día en el pago; y es que, aunque parece increíble, las exigencias probatorias que requiere la Administración superan incluso la previsión legal. Es habitual que, llegados estos casos, las titulares de los vehículos sancionados injustamente aporten la póliza, certificados de las compañías aseguradores en las que se expresa de modo reiterado que la póliza da cobertura a la fecha de la supuesta infracción y que, además, se encuentra al corriente de pago. La Administración, en una interpretación rigurosa de la norma, viene exigiendo, igual que si de un particular se tratara, el justificante individualizado que acredite el abono del recibo, prueba ésta difícil de aportar por parte de la mercantil, pues normalmente efectúa sus pagos a través de transferencias globales a las entidades de crédito que afectan a miles de vehículos. Esta circunstancia que parece no considerar la Administración sancionadora, tienen justa acogida ante las instancias judiciales, que normalmente consideran acreditada la cobertura de seguro, con la aportación de la correspondiente póliza y certificado de la compañía aseguradora, indicando que se halla al corriente de pago. Y es que, aunque la información que figure en FIVA goza legalmente de presunción de veracidad, la propia norma, admite que «salvo que exista prueba en contrario» y, como reconocen los propios juzgados, qué mejor prueba en contrario que la póliza concertada de buena fe por las partes y certificado de la aseguradora indicando que todo está orden y al corriente de pago.


Anulación de la sanción

Por otro lado, si ha existido un error administrativo o burocrático o una demora en la exportación de datos por parte de la aseguradora al FIVA, ¿no sería más bien exigible la eventual responsabilidad a la aseguradora? La norma también lo prevé y parece más lógico, si se ha producido una falta de actualización en FIVA, exigir la responsabilidad sobre la parte que tenía la obligación de mantener el Fichero actualizado que repercutirla al titular que ha contratado de buena fe y cumplido con sus obligaciones.

Afortunadamente para las empresas de renting, en la práctica, la mayor parte de las interpretaciones en la materia van en dicho sentido y, finalmente, los expedientes sancionadores contra estas mercantiles, concluyen con la anulación de la sanción.

Marga Bernardo

Dpto. Jurídico de Pyramid Consulting SL