Entrevista a Vincent LaBella, presidente de ANEVAL
«Es necesario eliminar el impuesto de matriculación por anacrónico y modernizar el de circulación»
Vincent LaBella asumió la dirección general de Entreprise en España en 2017. Anteriormente fue vicepresidente regional de la compañía en Detroit (EEUU) y cuenta con un demostrado historial de liderazgo y ha recibido varios premios en su carrera, destacando el Exceptional Achievement Award y el President’s Award. En 2001 comenzó su carrera en Nueva York, donde aprendió el negocio desde abajo y fue ascendiendo hasta conseguir ser Regional Rental Manager. Recordamos a nuestros lectores que Aneval agrupa a las cinco grandes compañías de rent-a-car en España (Avis, Entreprise, Europcar, Hertz y Sixt).
Sr. LaBella, ¿cómo les están afectando las distintas limitaciones al tráfico que están implementando las administraciones públicas?
Están suponiendo trabas para la operativa habitual de nuestros negocios, sobre todo, porque para su implementación no han tenido en cuenta la opinión de las compañías de alquiler de vehículos. Sin embargo, nuestra mayor preocupación está en el efecto contagio de este tipo de políticas restrictivas. Si las comunidades empiezan a seguir el ejemplo de Madrid o Baleares, pronto cada territorio contará con una normativa y regulación distinta, dificultando así innecesariamente la operativa normal de nuestro sector.
Imagine que en cada comunidad exigieran un distintivo físico medioambiental diferente. Al final, los parabrisas de los coches de rent-a-car van a terminar pareciendo un álbum de cromos donde coleccionar pegatinas medioambientales. Sin entrar en lo inoperativo y anacrónico de este tipo de medidas.
El sector del rent-a-car ha acabado bajo el foco de las administraciones públicas, las cuales nos ven como un elemento de contaminación y congestión del tráfico de las ciudades. Algo completamente falso.
Por poner un ejemplo y objetivar con cifras, las compañías que forman parte de Aneval renuevan su flota cada 9 meses, como máximo, lo que se traduce en que el 80% de nuestros vehículos emiten menos de 120 gr/km de CO2 y cuentan con el último equipamiento en tecnología y seguridad. Sin embargo, a pesar de estas cifras, contamos con varios frentes abiertos en España que nos obligan a defender la actividad del rent a car.
¿Se refiere a la Ley Balear de Cambio Climático?
Éste es uno de ellos. El Govern balear ha implementado su Ley de Cambio Climático, la cual tiene varias indefiniciones que evidencian un claro desconocimiento de la operativa de las alquiladoras. Entre las indefiniciones que recoge, destaca la de exigir el envío vía email de cada actualización de la flota, obviando que ésta se produce varias veces al día.
En lugar de implementar una medida tan poco operativa como esta, se debería llevar a cabo una automatización en los procesos, integrando los sistemas informáticos del Govern y de los operadores de rent-a-car para garantizar el envío de información en tiempo real.
¿Cómo afecta a las alquiladoras esta Ley balear?
El principal problema es llevar a la práctica real de nuestra operativa y actividad lo que recoge esta ley. El papel lo aguanta todo, pero su contenido denota un desconocimiento profundo de nuestro sector. De acuerdo a esta ley, en 2020 el 0,6% de la flota de los rent- a-car tendrá que ser eléctrica y además el 2% de nuestras compras para Baleares.
Esto exige comenzar ya con las negociaciones para la flota del año que viene, pero si tenemos en cuenta que la flota es dinámica, es decir, que cambia constantemente en número de unidades y se mueve entre territorios ¿qué se entiende por compras para Baleares? Porque nosotros no compramos flota para ninguna región específica, sino que la flota se va intercambiando, como digo, entre territorios.
Nosotros proponemos unificar los sistemas de operadores y Govern para que éste pueda disponer de la información en tiempo real en todo momento. No obstante, lo coherente sería poner objetivos de reducción de emisiones para el total de la flota y, de esta forma, impulsar la puesta en marcha de medidas neutrales tecnológicamente, que no discriminen a los vehículos por su tecnología, máxime cuando los vehículos de última generación, que son los que conforman nuestra flota, cumplen con las normativas de emisiones y anticontaminación.
También han mostrado su disconformidad con la obligación de exhibir el distintivo ambiental de la DGT.
Es otra medida que en pleno siglo XXI nos resulta anacrónica.
Esta normativa nos provoca dos perjuicios: uno, el pago de las pegatinas para toda la flota de vehículos, ya que esta es móvil y en cualquier momento un coche que está en Valencia o Galicia, por ejemplo, puede venir a Madrid, por lo que necesitan llevar todos el distintivo; y dos, los costes derivados de tener varios días la flota parada hasta que llega la pegatina correspondiente a cada coche, si es que no hay ningún problema con el material de los distintivos o la propia logística del envío, lo que puede alargar más el tiempo que permanece bloqueada la flota. La suma de ambos puntos equivale a un coste medio de 2 millones de euros anuales para el sector.
Lo que pedimos al Ayuntamiento de Madrid es, simple y llanamente, digitalizar los procesos, automatizar este control de acceso a través del lector de matrícula, de la misma manera que tiene telematizado y, por cierto, muy bien hecho, la información sobre el cumplimiento de la ITV o la aplicación de tarifas de aparcamiento en función de las características del coche.
¿Considera que las administraciones públicas han impulsado alguna buena medida contra la contaminación?
Por supuesto. Desde Aneval creemos que Madrid Central es una buena medida, otra cosa es que no compartamos la medida de realizar el filtrado al acceso a través de una pegatina. Otra manera positiva y proactiva de apoyar las regulaciones ambientales es el ejemplo que ha puesto en marcha el Gobierno de las Islas Canarias. Y es que el archipiélago ha dejado exento de pago del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a las compras de vehículos eléctricos. Este tipo de medidas ayudan a descontaminar las ciudades, al tiempo que incentivan la compra de este tipo de modelos.
Esta medida pionera tiene un coste muy relativo para las arcas insulares -en torno a unos 923.000 euros- y supondrá un empuje determinante para la introducción de estos modelos en el parque automovilístico.
Además, y muy importante, servirá de banco de pruebas para el resto del país. De hecho, puede sentar las bases de una nueva fiscalidad para la automoción que, en línea con las directrices europeas, grave el uso frente a la compra, una demanda histórica del sector.
Con estas medidas, el Gobierno de las Islas Canarias ha legislado con una visión a largo plazo para poner en marcha una estrategia de transición ordenada que no se basa en la prohibición, como ha hecho Baleares, sino en el apoyo para facilitar la entrada progresiva de vehículos alternativos.
¿Cuenta actualmente Aneval con una flota de vehículos eléctricos?
A día de hoy, los vehículos electrificados suponen el 1,2% del total de la flota disponible de Aneval. Desde la asociación estamos plenamente comprometidos con la mejora de las políticas de movilidad, así como de las mejoras tecnológicas de los vehículos.
El problema es que la demanda de este tipo de motorizaciones por parte de los clientes todavía es baja, ya que estos modelos apenas representan el 1% del total del parque automovilístico.
Esto no quiere decir que no vayamos a apostar por la adquisición de este tipo de motorizaciones, simplemente que la demanda irá creciendo según vaya pasando el tiempo y, sobre todo, según se vayan democratizando los precios y salvando obstáculos como la autonomía y las infraestructuras de recarga. Hay que tener en cuenta que el canal alquilador es el mejor aliado para la introducción de estos modelos en la sociedad, ya que permite a los clientes familiarizarse con ellos antes de adquirirlos.
Estos porcentajes se irán incrementando de manera gradual, ya que, en los próximos años, se incorporarán al mercado 90 modelos totalmente eléctricos y 118 híbridos enchufables, debido a que los fabricantes tienen que cumplir con el objetivo de dióxido de carbono establecido para la Unión Europea, que pasa por alcanzar coches con 95 gr/km de CO2.
Cambiando de tema, el sector de la automoción lleva pidiendo desde hace tiempo un nuevo tipo de fiscalidad para el automóvil, ¿es usted partidario de esta demanda?
Por supuesto. Es necesario eliminar el impuesto de matriculación por anacrónico y modernizar el de circulación para que atienda a las necesidades que están demandando los ayuntamientos respecto a las medidas medioambientales en favor de la calidad del aire. La fiscalidad del automóvil debería de gravar el uso de los vehículos y no su adquisición.
Además, es imprescindible impulsar políticas como las que ha llevado a cabo las Islas Canarias, como la reducción de los impuestos al coche eléctrico. Si queremos adelantar la electrificación del parque es el momento de incentivar la compra de estos modelos a través de políticas proactivas.
Otra reclamación histórica del sector del rent-a-car es la equiparación del IVA reducido a la actividad turística ¿en qué punto se encuentra esta demanda?
En el mismo de siempre: nuestras demandas no han sido escuchadas. Estamos hablando de un sector que está directamente relacionado con la actividad turística y que, pese a ello, no tiene un IVA reducido, como sí lo tienen otros actores igualmente turísticos, como el canal hotelero o la hostelería. Nuestra tributación, en cambio, es del 21%, por lo que consideramos necesario adecuar la fiscalidad para que el alquiler de vehículos sin conductor sea reconocido como subsector turístico.
No olvidemos que el 70% de nuestro modelo de negocio está directamente relacionado precisamente con el turismo, y que el 90% de las contrataciones de paquetes turísticos incluyen el transporte de pasajeros, el alojamiento y el alquiler de vehículos.
Se está pasando por alto que un IVA reducido actuaría como elemento dinamizador del turismo, multiplicador territorial de riqueza e inyectaría a las arcas públicas X millones de euros anuales por el efecto arrastre de la medida.
¿Cómo está afectando la demonización del diésel al sector del rent-a-car?
Actualmente, el cliente está mucho más concienciado con el medio ambiente y demanda modelos con otro tipo de propulsores. Por eso, las flotas de vehículos de los asociados de Aneval cuentan con modelos híbridos, eléctricos, híbridos enchufables y de gas. Ahora bien, nosotros entendemos que no hay que imponer ninguna discriminación tecnológica a través de normas contrarias a las políticas europeas sino promover una transición ordenada.
¿Qué diferencia al sector del rent a car con el carsharing?
El carsharing tiene su génesis en el rent-a-car, pues, al fin y al cabo, no deja de ser un alquiler de vehículos. Una de las principales diferencias entre ambos alquileres radica en la distancia a recorrer y en el tiempo. Mientras que el carsharing es la opción preferida para los desplazamientos por el centro de las ciudades y actúa bajo minutos, el rent-a- ar es una alternativa de movilidad para desplazamientos más largos y más prolongados en el tiempo.
Los vehículos de alquiler permiten desplazarse más allá de las ciudades donde se contratan, además de que no cuentan con limitaciones de aparcamiento, como sí le ocurre a los carsharing, ya que muchos de ellos solamente pueden estacionar en el centro de las ciudades.
Además, los vehículos de carsharing son todos eléctricos, pero lamentablemente su autonomía no es mucha, por lo que no se puede llegar a recorrer largas distancias. Sin embargo, los coches de rent-a-car cuentan con depósitos que permiten recorrer largas distancias y repostar cuando sea necesario.
También demandan desde hace tiempo un marco regulatorio para las plataformas de alquiler entre particulares ¿Cómo afecta a Aneval la llegada de nuevas plataformas de alquiler entre particulares?
No afecta sólo a Aneval, sino a todo el sector del rent-a-car. Hay que tener en cuenta que la competencia es buena para todos y nos hace exigirnos más para ofrecer una mejor experiencia de cliente. No obstante, esta actividad tendría que estar regulada, ya que opera bajo los mismos parámetros que nosotros.
Mientras que al sector del rent-a-car tiene que cumplir con determinadas regulaciones, sobre todo en temas de seguridad, responsabilidad e impuestos, el alquiler entre particulares carece de ellas y eso termina perjudicando a los que cumplimos, pero sobre todo repercute en los usuarios. Además, nuestro sector está completamente profesionalizado y ofrece una seguridad muy alta, tanto a nivel de tecnología de los vehículos como de seguros para los mismos. Por el contrario, ¿viajar con un particular ofrece los mismos niveles de seguridad?
Estamos completamente a favor de las nuevas formas de movilidad que se están desarrollando, pero exigimos una regulación a este sector para que todos podamos operar en un mismo régimen de condiciones.
¿A qué retos se enfrenta el sector del rent-a-car?
Entre los principales desafíos a los que se enfrenta el sector destacan las nuevas tecnologías, el desarrollo sostenible, los nuevos actores de la movilidad y, sobre todo, las distintas regulaciones de las Administraciones Públicas. En este contexto, la transformación digital y la innovación serán claves para aprovechar esas oportunidades.
Raúl del Hoyo