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La atrevida ignorancia del presidente Sánchez

Pretensión del Gobierno: equiparar precios entre eléctricos elevando la fiscalidad de los térmicos

 

El progresismo del Gobierno sigue sólido en su propósito de acabar con los coches de combustión convencional y dar el salto al eléctrico sin una larga etapa de transición centrada en el incentivo a la compra de coches más eficientes, ya sean de gasolina, diésel, gas o híbridos.

 

Parece que Pedro Sánchez quiere ser el nuevo Al Gore (ex vicepresidente de Estados Unidos con Clinton) y labrarse un «ecofuturo» cuando España se dé cuenta de su nefasta visión de lo que es generar prosperidad en un país. Apuesta por el despilfarro «social», no tiene un plan para reducir la peligrosa tasa de paro, ni para ayudar a empresas ni autónomos, ni para atraer inversión extranjera. En cuanto desaparezcan las incertidumbres de las elecciones municipales, autonómicas y para la Unión Europea y constituya Gobierno nos va a deleitar con un nuevo varapalo a los usuarios de automóviles.

La excusa es reducir la contaminación en las grandes ciudades, pero paradójicamente sólo Madrid tienen cifras millonarias de población: 3,2 millones y 1,6 Barcelona, aproximadamente. Valencia, que es la tercera más grande, ni siquiera llega a los 800.000 habitantes. Pues aun así, el Gobierno de Sánchez tiene entre sus brillantes propuestas un plan para subir los Impuestos de Tracción Mecánica y Matriculación a los coches de combustión, según una información de El Economista. Siguen empeñados en un repentino salto al coche eléctrico sin ni siquiera haber apoyado una transición razonable en el tiempo hacia los vehículos híbridos e híbridos enchufables.


Sólo eléctricos

El pasado verano sembraron el pánico en el sector con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que pretendía establecer que, a partir del año 2040, no se permitiera la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, ni la circulación de estos en el año 2050. Esto es, la prohibición de comercialización de vehículos diésel, gasolina, GNC y GLP e híbridos. Es decir, que en 31 años habría que sustituir el parque de turismos en España, que al finalizar 2019 será de 24,6 millones, lo que significaría matricular 800.000 coches eléctricos cada año para llegar a esa cifra, guarismo muy lejos de alcanzar teniendo en cuenta que 2018 se cerró con algo más de 12.000 eléctricos. Pero lo más significativo, para tomar una referencia del disparate gubernamental, es que China, con un mercado de más de 24 millones de coches nuevos al año, en 2018 llegó al millón de eléctricos y Alemania apenas 35.000. Un dislate.

No debemos dejar de lado al resto de los vehículos a motor que circulan por la piel de toro. Más de nueve millones de automóviles que no son turismos; es decir, los 3,2 millones de motocicletas, los 5,5 millones de camiones, los 61.000 autobuses y los 425.000 catalogados por la Dirección General de Tráfico como «otros vehículos», más los vehículos del Ejército, Guardia Civil y Policía Nacional.


El primer Gobierno de Sánchez argumentaba que otros países ya han tomado esta medida en pos de la reducción de las emisiones de gases para frenar –algo indemostrable- el cambio climático, pero al norte de los Pirineos han llevado estímulos económicos a la sustitución del turismo de combustión convencional por un eléctrico. Así, en Alemania hay un plan 2016-2019 de ayudas a la compra de eléctricos e híbridos (de precio inferior a 60.000 euros) financiado por fabricantes y Gobierno Federal, que ayuda con 4.000 euros a la compra de uno de los primeros y de 3.000 en el caso de los de propulsión híbrida. En Francia la ayuda a la compra de un eléctrico es de 5.000 euros, pero también hay que tener en cuenta que Macron ha establecido una partida de 600 millones de euros para la adquisición de coches eficientes, con emisiones inferiores a 122 gramos de CO2, ligada al achatarramiento de diésel anteriores a 2001 y de gasolina matriculados antes de 1997. España sólo ha dedicado 74,5 millones de euros en los últimos siete años y el Plan VEA 2019 para la adquisición de coches eléctricos solo cuenta con un fondo de 55 millones de euros. Cargado de optimismo y anticipándose al criterio de su nuevo gabinete, el que estaba en funciones ha aprobado un plan quinquenal (2021-2025) de 1.000 millones para la dinamización de las ventas de eléctricos; 200 millones anuales con los que se pretende que en 2030 haya cinco millones de coches 100% eléctricos circulando por España, o lo que es lo mismo, un 15% del parque total de vehículos. Algo que no se cree nadie cuando apenas hay 40.000 en la actualidad.


Impuesto de matriculación

El nuevo Gobierno va a acometer una reforma del Impuesto de Matriculación con la insólita intención de igualar los precios de los coches eléctricos a los de combustión elevando el precio de éstos últimos. Debe ser que no han pensado que el automovilista español gasta una media de 17.249 € en un automóvil de motor de combustión -y más porque no puede-. Un modesto Smart Forfour EQ eléctrico roza los 25.000 euros sin ayudas. Berlinas, si buscamos más espacio y autonomía, como el Tesla Model3 ya superan los 80.000 euros. Las cifras cantan.

Respecto al Impuesto de Matriculación, el Gobierno quiere actualizar los tramos de emisiones. En la actualidad, los tramos de este impuesto son del 0% para vehículos con emisiones inferiores o iguales a 120 gr/km de CO2; 4,75% para los que tienen emisiones mayores a 120 gramos y menores a 160 gr/km de CO2; 9,75% para aquellos con emisiones superiores o iguales a 160 y menores de 200 g/km CO2; y 14,75% para los vehículos con emisiones superiores o iguales a 200 g/km CO2. Lo más probable es que la exención de 0 a 120 gramos se rebaje hasta 100 y, a partir de ahí, establecer nuevas escalas impositivas.

 

Moratoria hasta 2021

Por el momento, el Ministerio de Industria ha dado una moratoria hasta 2021 para comenzar a calcular las emisiones en línea con el nuevo sistema de mediciones WLTP, algo que implicará un rápido aumento de los ingresos por este concepto, ya que al tratarse de pruebas de conducción en un escenario real frente a las emisiones recogidas en laboratorio, los valores de emisiones se han visto incrementados sensiblemente, dejando fuera del tipo del 0% muchos utilitarios y compactos.

En lo que respecta a la reforma del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el famoso «numerito», que es recaudado por los ayuntamientos, el Gobierno socialista quiere reorientarlo hacia un gravamen relacionado con la emisión de contaminantes, penalizando a los vehículos más antiguos. Lo que está claro es que, basándose en la nueva etiqueta de la DGT y la norma Euro de emisiones, se establecerán las nuevas tasas anuales en todas las localidades, penalizando mucho más aun a los vehículos más antiguos.


Entre los planes del nuevo gabinete está también impulsar el uso del vehículo eléctrico con un futuro abanico de medidas regulatorias centradas en reducir el uso del vehículo privado en entornos urbanos un 35% hasta el año 2030 y de los tráficos interurbanos, en un 1,5% anual. Entre otras medidas, el Gobierno impulsará el teletrabajo -¿no será prioritario crear empleo antes?-, el vehículo compartido y el uso de medios no motorizados (andar, bicicleta). Pero de ganar en eficacia del transporte público, nada. Como tampoco se detalla el aumento de la red de «electrolineras», ni cuánto costará el kilovatio de recarga, ni qué pasaría si cientos de miles de coches eléctricos se conectasen simultáneamente a la red eléctrica o algo más para las arcas del Estado: cómo se compensaría la falta de ingresos por los impuestos a los combustibles, que son casi el 70% del precio final.

Entre las medidas que pretende implementar Sánchez figura también un ambicioso plan de comunicación, centrado en generar una cultura del coche eléctrico, el precio y la localización de puntos de recarga mediante todo tipo de canales, en línea con las exigencias de la normativa comunitaria que pide que se pongan carteles en los que se comparen los diversos tipos de combustible para ayudar a los consumidores en su decisión de compra. Además, prevé la puesta en marcha de programas «a fondo perdido», que multipliquen el presupuesto puesto a disposición de los particulares y empresas para la adquisición de vehículos eléctricos. El Gobierno quiere impulsar la instalación de más puntos de recarga en áreas de servicio y centros de trabajo e impulsar la firma de convenios con empresas de coche compartido. De hecho, en el borrador de la Ley de Cambio Climático ya se «obliga» a más de 1.000 gasolineras a poner puntos de recarga con una potencia de 22 kW, que las petroleras consideran que es ridícula y debería ascender a más de 50 kW, como en Portugal, para que tenga sentido.


Fiscalidad medioambiental

En otro orden de cosas, la Comisión Europea está trabajando en una amplia reforma de la fiscalidad revestida de carácter medioambiental para tratar de orientarla con los compromisos de corrección de cambio climático que tiene adquiridos para 2050. Está planteando un aumento de los impuestos con las emisiones de CO2 como referente, al tiempo que se está planteando la creación de nuevas figuras impositivas ligadas a las emisiones de óxidos nitrosos.

Más allá de la quimera del coche eléctrico, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere aumentar el transporte de mercancías por ferrocarril, pasando del 6% previsto en el PITVI al 7,5% previsto en el Plan Integrado de Energía y Clima. A tal efecto, se crearán instrumentos financieros con el objetivo de movilizar inversiones en infraestructuras ferroviarias desde la carretera al ferrocarril, un proyecto planteado por todos los gobiernos de la España democrática, pero que nunca se han llevado a cabo. Algo que, por ejemplo, es estratégico para la industria española del automóvil.


El Gobierno quiere aumentar la cuota modal del ferrocarril mediante la creación de estrategias comerciales para promover el cambio, mejorar la movilidad puerta a puerta hacia cero emisiones, incentivos al cambio modal carretera-ferrocarril tanto en mercancías como en viajeros, el prototipo de vagón para autopista ferroviaria que ya existe en centroeuropa o el impulso del transporte ferroviario con origen o destino en puertos. El transporte por carretera se quiere hacer más eficiente. Para ello, se quiere aumentar la carga máxima autorizada a 44 toneladas y la altura a 4,5 metros para incrementar la carga media de dichos vehículos un 10% a partir de 2021 y reducir el número de vehículos por kilómetro de carretera y consumo de gas-oil del parque de «trailers». Las empresas contarían con programas de ayuda a fondo perdido pero a cambió tendrán que realizar auditorías energéticas para sus flotas, cursos de gestión de flotas y formación en conducción eficiente de vehículos industriales.

 

José Luis Páder