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Faconauto espera que el nuevo Gobierno proteja la competitividad del sector

Tras la designación hoy de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, la patronal de los concesionarios, Faconauto, ha indicado que espera que la misma sirva para trabajar por la estabilidad y la competitividad de las empresas que conforman el sector de la distribución y reparación de vehículos. Específicamente, la actividad de los concesionarios representa el 3% del PIB, con una facturación anual de 46.000 millones de euros y más de 600.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos distribuidos por toda España, con altos niveles de cualificación y estabilidad.

Asimismo, Faconauto ha trasladado la necesidad de que el Gobierno apoye decididamente a la automoción española mediante medidas que mantengan el impulso, tanto de la parte industrial como de la distribución y reparación, en un momento clave, en el que se está dirimiendo su futuro desarrollo.

Para la patronal, el nuevo Gobierno debería retomar los trabajos desarrollados junto al sector en la última legislatura, como es el Pacto Estratégico de la Automoción y, particularmente, una nueva fiscalidad para el automóvil, el desarrollo de nuevas formas de movilidad verde y el establecimiento de un marco jurídico para las relaciones comerciales entre concesionarios y fabricantes.

Faconauto considera que este año 2020 será clave para la transición hacia un parque más moderno y sostenible y, en el medio plazo, descarbonizado, por lo que las medidas que tome el nuevo Gobierno deberán ser consensuadas con todos los agentes de la cadena de valor de la automoción, particularmente con aquellos que están más cerca de los ciudadanos.

Faconauto es la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas de turismos y maquinaria agrícola presentes en el mercado español. Representa los intereses de 2.219 concesionarios de los que dependen aproximadamente las 3.642 empresas del segundo nivel de distribución (agencias y servicios oficiales), lo que totaliza más de 5.861 pymes de automoción. Estas empresas generan 162.434 empleos directos, una facturación de 46.240 millones y representan el 3,2 del PIB.

No es ésta la única patronal del sector automovilístico español que pide sensatez y cordura al flamante Gobierno de socialistas y comunistas. Anfac, la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos a Motor y Camiones, sitúa entre sus prioridades para este año la reclamación al Ejecutivo de un marco regulatorio nacional, «homogéneo, estable y alineado con Europa».

Además, la patronal de los fabricantes mantiene reclamaciones históricas como la reforma fiscal del automóvil, para suprimir el impuesto de matriculación («que frena el mercado y su renovación») e introducir un impuesto al uso que tenga en consideración tanto la calidad del aire como la descarbonización».

ANFAC pide un IVA reducido para los vehículos eléctricos, la mejora en las deducciones en retribución en especie para vehículos de bajas y cero emisiones en el caso de usuarios de la fórmula de renting de empresas y un programa de ayudas estructurales «centralizado», no segregado en 17 Comunidades Autónomas, con una dotación de, al menos, 250 millones de euros anuales. Estos programas, «deben cubrir tanto la renovación de los vehículos más antiguos con nuevos de bajas emisiones, así como la incorporación al parque de vehículos alternativos (electrificados, de hidrógeno y de gas)».