El fraude no pasa de “moda”

Cataluña, Valencia, Andalucía y Madrid, comunidades con mayor fraude

Según el “Estudio anual sobre Tendencias del Fraude 2016”, elaborado por la Asociación Española de Empresas contra el Fraude (AEECF), más del 40% de los defraudadores actúa en diferentes sectores de forma recurrente y el 91% señala que una mayor digitalización supone un reto añadido en la gestión del fraude.

Siete de cada diez empresas (68,2%) del sector de telecomunicaciones, financieras, automóvil y de créditos al consumo estima que el fraude ha aumentado durante el último año, mientras que el 18,2% considera que ha permanecido en los mismos niveles, y tan sólo el 13,6% afirma que ha disminuido levemente. Además, el 91% señala que una mayor digitalización supone también un reto añadido en la gestión del fraude, según se desprende del “Estudio anual sobre Tendencias del Fraude 2016”, elaborado por la AEECF.


Asegura el estudio que 3 de cada 4 compañías (algo más del 77%) estiman que la gestión del riesgo en España es positiva o muy positiva. Este dato contrasta con los datos obtenidos el año anterior, donde tan sólo el 50% consideraba que esta era buena o muy buena. El sector financiero es donde mayor espacio de mejora existe, ya que tan sólo el 8% considera que el fraude ha disminuido levemente, la cifra más baja de entre los tres sectores encuestados.

A la hora de identificar las regiones españolas con mayor fraude, cerca del 60% destaca que no es un fenómeno localizado en España, aunque, mayoritariamente, 4 son las más comunes: Cataluña (72,7%), Comunidad Valencia (68,2%), Andalucía (63,2%) y Madrid (54,5%), a las que siguen Canarias (22,7%), Murcia (18,3%) y Galicia (4,5%). Los sectores de la automoción y telecomunicaciones señalaron a Cataluña como la región donde más fraude perciben. Concretando en el sector de automoción, el 80% definen a la Comunidad de Madrid como foco de fraude. Esa mismo status es el que da el sector financiero a Canarias. En telecomunicaciones, la Comunidad Valenciana se lleva la palma y es la región donde más sufren las diferentes tipologías de fraude. También el 72% del sector financiero acusa a ésta como un foco común de fraude.

Y hablando de tipologías, todos los sectores hacen referencia al fraude en primera y tercera persona, fiel reflejo de las dificultades a las que se enfrentan las empresas a la hora de detectar el fraude de primera persona y demostrar que ha existido fraude por parte de un tercero. En este sentido, un análisis por sectores muestra que el fraude de primera persona incide especialmente en el sector financiero, donde es superior al 75%.

Entre las principales barreras que impiden compartir información sobre el fraude entre diferentes sectores destaca especialmente la legal, algo que destaca el 77,3% de las empresas. Así, si el 50% señalaba la barrera legal como la más relevante en 2016, dicho porcentaje ha aumentado hasta el 77,3% este año, con especial incidencia en el sector de la automoción, donde todos los encuestados señalan este aspecto como el mayor impedimento para compartir información entre sectores.


Evolución y riesgo digital

La previsión de crecimiento de negocio por canales digitales a corto plazo se encuentra dividida. Así, un tercio de los consultados (31,8%) asegura que su negocio crecerá menos del 15%, otro tercio (31,8%) indica que crecerá entre el 15% y el 30%, y el 22,7%, considera que será de entre el 30% y el 45%. Por sectores, el estudio indica que no existen grandes diferencias, si bien es en el de automoción donde se aprecia una menor estimación de crecimiento. La digitalización, es evidente, abre una nueva vía al fraude y será necesario reforzar los mecanismos existentes en la actualidad para luchar contra él, por lo que las empresas encuestadas manifiestan que queda mucho trabajo por hacer.

Para Felipe Fernández Atela, presidente de la AEECF, “estos resultados demuestran cómo la compartición de datos a nivel sectorial permite una elevada detección de solicitudes fraudulentas, lo que supone una mejora de la protección tanto de empresas como de consumidores. De hecho, desde 2015 hasta finales de 2016, la prevención estimada de fraude en el sector de las financieras de automoción, por ejemplo, ha subido el 35%”. A lo que Diego Azorín, director general de Bigbank en España y miembro de la asociación añade “en el caso del sector bancario, uno de los retos más importantes es la detección de fraude que está oculto en la morosidad de cada entidad. Este tipo de fraude es difícil de detectar porque no se demuestran falsificaciones o alteraciones claras en la documentación relacionada con la operación de solicitud de crédito”.

Soluciones

Vistos los resultados del estudio, la Asociación Española de Empresas contra el Fraude propone reducir las barreras legales para compartir información. La concienciación sobre la importancia de compartir información como vía para reducir la incidencia del fraude es una realidad incuestionable, sin embargo, todavía existen barreras legales que impiden generar flujos de información entre sectores. Reformar las leyes de protección de datos y permitir la generación de espacios de intercambio de información entre sectores permitirá reducir la incidencia del fraude.


Reforzar la colaboración público-privada. Los flujos de información sobre el fraude no sólo deben generarse en el sector privado, sino que cada vez resulta más relevante crear espacios de intercambio de información entre el sector privado y el público. La AEECF promueve un sistema triangular que facilite el intercambio de información entre empresas del mismo sector, empresas de diferentes sectores y entre el sector empresarial y el sector público.

En este sentido, la AEECF cuenta ya con la autorización de la Agencia Española de la Protección de Datos (APD) para desarrollar un nuevo proyecto multisectorial, que permitirá fortalecer los sistemas privados de lucha contra el fraude con inteligencia compartida. A partir de ahora, compañías de sectores como el financiero, telecomunicaciones y automoción podrán adherirse a esta plataforma, que es una experiencia pionera en España. Según Diego Azorín, “la creación de esta plataforma es un paso muy importante en la lucha contra el fraude. La inteligencia compartida es una de las principales herramientas para poder prevenir la ciberdelincuencia y proteger tanto a ciudadanos como a empresas de su amenaza”.

Con esta plataforma, las empresas contarán con una fuente de conocimiento esencial para la gestión de todas las etapas del fraude, desde su prevención hasta la eficacia en su tratamiento si llega a producirse. De esta manera, se persigue un triple objetivo: proteger al ciudadano frente a los cada vez más frecuentes casos de suplantación de identidad y otro tipo de estafas, proteger a la empresa ante el peligroso fraude de solicitud (aquellos en los que se utiliza información falsa o identidades ficticias para obtener un beneficio económico) y reducir las pérdidas por fraude, tanto a empresas como a ciudadanos.

Juan Luis Franco