Escándalo europeo en la venta de camiones

Los compradores tienen hasta el 6 de abril de 2018 para reclamar

La Comisión Europea multó el año pasado con 3.000 millones de euros a cinco de los más importantes fabricantes de camiones (MAN, Daimler, Iveco, Volvo/Renault y DAF) por pactar precios de venta para sus vehículos de 6 o más toneladas con un sobreprecio de hasta el 20%. Tras darse a conocer la resolución de Bruselas, el pasado 6 de abril, los compradores tienen ahora un año para reclamar indemnizaciones.

Life Abogados, despacho de abogados y asesores de empresa, advierte que el que no presente reclamación antes del 6 de abril del próximo año puede quedarse fuera de las compensaciones. La demanda, que debe hacerse camión por camión, trae de cabeza a los posibles reclamantes, porque la Comisión Europea ha dado a conocer una “versión provisional no confidencial”, que no existe como tal en el derecho administrativo español, donde siempre se publican las resoluciones completas. Este problema jurídico de forma dificulta a los afectados a iniciar acciones legales, al no tener un conocimiento completo del caso ni poder acceder al expediente. Aún así, esta provisionalidad no significa que no exista una resolución firme con los infractores, sino que falta por dilucidar cuáles de sus elementos no deben hacerse públicos por afectar a secretos industriales o ser información confidencial.


Ya sea el transportista que compró el camión u otro que dispuso del vehículo con contrato de renting o leasing, Life Abogados aconseja la vía extrajudicial para reclamar, ya que aumenta los plazos de reclamación y es bien vista por los jueces. Y es que si el transportista decide reclamar por esta vía, se suspende el plazo para interponer la denuncia judicial, que acaba este mes de julio, y se gana un año más de plazo, lo que puede resultar interesante para recabar más información del caso y esperar la publicación de la resolución completa de Bruselas. Además, si la vía extrajudicial no fructificara, los jueces siempre valoran positivamente los intentos de mediación y de evitar litigio, en este caso, por parte del demandante.

La fijación de precios de venta de camiones de 6 o más toneladas, que ha dado lugar a la multa de 3.000 millones de euros, la más alta de la historia de la Unión Europea, se produjo entre 1997 y 2011, periodo en el que los transportistas pagaron hasta un 20% más de media por sus vehículos pesados. Este porcentaje estimado sale de la Guía práctica de cuantificación de perjuicios que acompaña a la comunicación de la Comisión, según la cual, el 70% de los cárteles han causado daños entre el 10 y el 40% del precio de compra. El acuerdo de fijación de precios tuvo lugar en varios países europeos, pero a partir de 2002 se gestó básicamente en Alemania.


Para la fijación de precios, los fabricantes se transmitieron los simuladores para configurar los camiones, herramientas informáticas utilizadas para adaptar el camión a las necesidades de cada cliente, de forma que cada fabricante podía calcular el precio que aplicarían sus competidores. Las marcas implicadas son cinco por el momento: MAN, Daimler, Iveco, Volvo/Renault y DAF, si bien Scania también está siendo investigada, lo cual supone que los compradores de esta última marca deberán esperar antes de iniciar acciones judiciales.

A ese sobreprecio de compra, señalan desde Life Abogados, hay que añadir un segundo factor que ha pasado desapercibido, el sobreconsumo de combustible, ya que el pacto incluyó el retraso de la introducción de las sucesivas tecnologías de emisiones (de la Euro II a la VI), así como la repercusión de los costes de su implementación.

Los V.O., fuera

La resolución comunitaria es clara y tajante al excluir las ventas de segunda mano sin explicar por qué se descartan estas operaciones si, en la práctica, una parte del daño se ha trasladado al comprador de usados, por lo que no hay margen para reclamar por posibles sobreprecios pagados por esos mismos vehículos en el mercado de ocasión.

Respecto al posible impacto en renting y leasing, Life Abogados señala que en el primero es poco trascendente, porque buena parte de los operadores pertenecen a los fabricantes multados. En cambio, el impacto en el leasing es mayor, ya que es un sector muy atomizado, con gran volumen de transportistas autónomos. Estos, por tanto, sí podrían ejercer acciones judiciales, no así los operadores de leasing (los arrendadores), pues son meros intermediarios financieros. En cualquier caso, tanto en renting como en leasing, que son los primeros en sufrir el daño cuando compran el camión, lo trasladan al profesional vía cuotas de amortización, de forma que, al final, el impacto real lo sufre el que utiliza el camión. Es lo que en jerga jurídica denominan “pass-on”.


Otra de las grandes incógnitas es saber si se pueden reclamar intereses de demora y a cuánto pueden ascender. Lo cierto es que estos intereses deberán abonarse a partir de la fecha en la que se interpone la demanda y no retrotraerse hasta el momento de la compra en el caso de España, como sí pueden hacer otros países. La razón es que nuestro país no traspuso a tiempo la Directiva Europea de Daños derivados de práctica anticompetitivas que regula este tipo de reclamaciones y aplica aún las normas locales, concretamente, el Código Civil, que no reconoce esa retroactividad en el pago de estos intereses.

Esto significa que un transportista alemán que compró un camión en 1997 puede, además de la indemnización por el sobrecoste pagado, pedir intereses de demora correspondientes a 20 años. Este interés es un 5% anual, por lo que puede conseguir el 100% del valor del camión por este motivo. Sin embargo, un transportista español en ningún caso podrá obtener dichas cantidades por este concepto, sino que será hasta 20 veces menor.

Donde no hay posibilidad de reclamar es en las cantidades de IVA abonadas, ya que el pacto de fijación de precios es en origen, en fábrica, no en las operaciones de compra-venta. Por el contrario, los denunciantes sí deberán tributar las indemnizaciones ingresadas en el tipo correspondiente del IRPF o del Impuesto de Sociedades, según se trate de una persona física o jurídica. Y, en el caso de sentencia desfavorable, el demandante no tendrá que abonar costas judiciales. El riesgo de que esto ocurra es mínimo, si bien siempre cabe la posibilidad de contratar un seguro de defensa jurídica que sufrague los gastos generados por un litigio como son las costas; o bien, buscando el apoyo financiero de un fondo de inversión en pleitos.

Este escándalo de proporciones monumentales afecta en Europa en torno a 220.000 camiones.

Juan Luis Franco